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Brigada de jóvenes sensibiliza sobre el derecho al aborto terapéutico para evitar muertes maternas en Perú
UCAYALI, PERÚ – Mayte Marina no se imagina la vida sin su bebé. Sin embargo, sabe que el proceso de gestación, el nacimiento, la lactancia y la crianza no son sencillos, aún para quienes, como ella, deseaban ser madres. “Es mucho más complicado para niñas que no están preparadas para ser madres, que viven cosas traumáticas y no se les da la opción de decidir. Creo que si mi bebé no hubiera sido planificado ni deseado, la realidad sería distinta”, asegura esta joven comunicadora social, que forma parte del Comité de Vigilancia de Adolescentes y Jóvenes de Ucayali (COVIAJU).
En una lucha contra la falta de educación e información, las barreras culturales y el difícil acceso a la salud en algunos pueblos lejanos, esta brigada monitorea la prestación de servicios públicos vinculados a derechos sexuales y reproductivos. Para entender su realidad basta con algunos datos. Ucayali es una de las regiones amazónicas más grandes del Perú y es, también, de las más diversas a nivel cultural, lingüístico y territorial. Allí, la Tasa Global de Fecundidad de las mujeres indígenas es de 5.2 hijos por cada mujer, respecto a un 2.9 en el caso de las mujeres no indígenas en Perú. Los casos de maternidad forzada se dan especialmente en familias pobres que no cuentan con acceso a centros de salud, comisarías o emergencias que atiendan los casos de violencia contra las mujeres.
Pero, además, el número de muertes maternas amerita la vigilancia de la brigada de jóvenes. Durante el 2019 se reportaron 309 casos en Perú y, si bien fue la cifra más baja desde el año 2000, mostró un incremento respecto al año anterior en Ucayali, que se convirtió así en la segunda región amazónica con mayor cantidad de fallecimientos. En el 2019, se registraron 23 casos.
“Adolescentes de 12 o 13 años salen embarazadas, ya sea por violaciones o porque no tienen una educación sexual integral, y su organismo no está preparado para ser mamá y eso pone en riesgo su vida”, explicó Mayte, para quien es muy importante que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan decidir sobre sus cuerpos y sepan que tienen la opción de interrumpir su embarazo.
Capacitar, informar y sensibilizar
Con el objetivo de realizar un proceso de vigilancia respecto a la implementación de la guía Técnica para la aplicación del aborto terapéutico (IVITE) y ampliar el acceso de las mujeres a servicios obstétricos que ayuden a reducir las muertes maternas en Ucayali, varias organizaciones locales -como el Comité de Vigilancia Mujeres Rumbo al Bicentenario agrupado por Hatun Willakuqkuna, Feministas ayacuchanas jóvenes (Femaj) y la Coordinadora de Trabajo con Mujeres de Ayacucho (COTMA) y Kallpa- se agruparon bajo la dirección del grupo Católicas por el Derecho a Decidir. “Somos un grupo de mujeres católicas que creemos en las decisiones de las mujeres más allá de nuestras creencias. Sin la intervención de la iglesia”, explica Melissa Sánchez, coordinadora de incidencia política de esta organización.
El trabajo de la brigada consiste en elaborar informes sobre el proceso de vigilancia; capacitar a ginecólogos, obstetras, enfermeras y psicólogos para que conozcan el protocolo de aborto terapéutico; y sensibilizar a la ciudadanía frente a la problemática en la región y la importancia de conocer sus derechos. A su vez, exige al Estado que rinda cuentas e incorpore soluciones. Además de en Ucayali, este programa se aplica en Cajamarca y Ayacucho.
Según los datos recogidos por las brigadas, Cajamarca es la primera región andina con niñas madres y la tercera con mayor número de muertes maternas. Mientras que en Ayacucho se encontró que había una deficiente implementación del aborto terapéutico en los establecimientos de salud, lo que había generado un incremento de muertes maternas por causas indirectas.
En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, pero no fue hasta 2014, 90 años después, que se promulgó la guía de Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo (IVITE). Este protocolo indica que el procedimiento puede aplicarse cuando existe riesgo grave y permanente para la salud o la vida de la mujer gestante, siempre y cuando el embarazo sea menor a las 22 semanas. Establece, también, que el médico debe informar a la gestante sobre su diagnóstico, pronóstico y riesgos. Sin embargo, muchas veces no se aplica el protocolo y las mujeres se ven obligadas a sostener embarazos de alto riesgo, que no solo afectan su salud física, sino también psicológica.
Por ejemplo, en el Hospital Regional de Pucallpa, capital de la región de Ucayali, se realizaron 14 intervenciones de aborto terapéutico en el 2019 y seis en el 2020 y cinco en lo que va del 2021.
Barreras
Melissa Sanchéz advierte que los motivos que impiden la aplicación del aborto terapéutico son muchos y muy variados. Están las barreras estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con que los centros de salud no dan abasto respecto a la demanda de pacientes o se encuentran ubicados únicamente en el área urbana de la región, muy alejados de las comunidades donde se identifican mayores casos de embarazos de riesgo. “Lamentablemente también existen barreras culturales que tienen que ver con las ideas o valores propios del personal de salud, que muchas veces impiden que (la opción del aborto terapéutico) se mencione dentro de la consejería y la atención a las mujeres. Esa es una de las barreras principales”, agregó Melissa.
Mayte está convencida que gracias al trabajo de las brigadas la problemática se puede visibilizar, pero sabe que es un trabajo duro y que las niñas y mujeres necesitan más protección. “En 2021, los primeros cinco meses del año llevamos cinco muertes maternas. Si ya llevamos cinco, ¿cuántas más tendremos a fin de año? ¿Cuántas más tendremos en Ucayali?”, se pregunta, con la misión de poder seguir sensibilizando a las autoridades, el personal de salud, jóvenes y gestantes sobres sus derechos.
“Genera esperanza saber que existen jóvenes y adolescentes que se organizan para incidir en temas que repercuten en la vida de cada uno de ellas y ellos, porque el embarazo adolescente es una realidad en todo el país”, concluye Melissa.
Ucayali es la segunda región amazónica con mayor cantidad de muertes maternas en el Perú, y muchos de los casos podrían evitarse con la aplicación de programas de educación sexual reproductiva y la implementación del protocolo de aborto terapéutico cuando sea necesario. Para promover la garantía de estos derechos existe el Comité de Vigilancia de Adolescentes y Jóvenes, convocados por la ONG Católicas por el Derecho a Decidir.
