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Venezolanos en Colombia acceden a la salud gracias al apoyo de red de estudiantes universitarios
Bogotá, Colombia. Lo peor era cuando pasaban seis días sin agua. Seis días sin luz. Cuando la rutina se hacía cada vez más pesada, cuesta arriba, cuando escaseaban los alimentos y parecía que no había salida. Guadalupe (nombre ficticio), una mujer venezolana de 32 años que emigró de su país en septiembre del 2019, dice que esa situación era tan desesperante que no le quedó más remedio que partir. Lo hizo con su pequeño hijo –que entonces tenía dos años- en brazos, atravesando una trocha, un río, a merced de las redes de ‘coyotes’ de la frontera, sin saber siquiera si su aventura tendría un final feliz.
Hoy lo cuenta con calma, mira atrás y siente que valió la pena. “Estoy feliz en Colombia”, dice, pero han sido casi dos años en los que a veces se sintió perdida y sin esperanza. Vivió la doble odisea de tener que alejarse de su gente y su tierra, y de llegar a un lugar de acogida con inmensas barreras sociales y que no siempre vio su presencia con buenos ojos.
Sin embargo, Guadalupe encontró la ayuda que la impulsó a no perder las fuerzas en la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza (MHT) del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Allí, 26 estudiantes de entre octavo y noveno semestre de Derecho, futuros abogados de entre 22 y 24 años, pasan un año atendiendo casos bajo la tutoría de profesionales y como parte de su formación académica.
Allí han acudido extranjeros (la mayoría de Venezuela) y colombianos retornados en condiciones vulnerables y sin recursos económicos en busca de atención y asesoría en materia de refugio, nacionalidad, acceso a la educación, a la salud, y, en general, a condiciones de vida digna. El servicio es gratuito y ya pasaron por él más de 900 usuarios.
“Al poco tiempo de entrar a Colombia quedé embarazada. Mi esposo regresó a Venezuela y yo me quedé sola con mi hijo mayor. Fui a buscar atención médica para los controles, pero me los negaron, me decían que yo no tenía derecho a la salud por ser extranjera y por tener solamente la cédula venezolana. Me decían que tenía que pagar. Y, claro, yo no tenía dinero. Un día fui a las urgencias de un hospital porque me sentía mal. Allí conocí a una pareja venezolana que me habló de la clínica, me dieron un correo, me dijeron que escribiera y así lo hice. Me llamaron muy rápido y comenzaron a asesorarme”, cuenta Guadalupe.
En un país acostumbrado a que sus pobladores se fueran en busca de oportunidades, no era fácil, hasta hace poco tiempo, encontrar organizaciones especializadas en ayuda a población inmigrante. “El momento histórico de pasar de ser un territorio donde muchos emigraban -sobre todo por el conflicto interno-, a ser un país receptor, nos tomó por sorpresa. Ha constituido un reto a nivel institucional. Y como sociedad todavía nos falta mucho”, dice María Fernanda Orozco Naranjo, una joven abogada que actualmente es la coordinadora de la Clínica Jurídica de MHT, a donde Guadalupe llegó buscando ayuda.
La clínica nació a mediados de 2018 y forma parte del programa de asistencia legal a población con necesidad de protección internacional y víctimas del conflicto armado, una iniciativa que impulsa la Corporación Opción Legal y que vincula a varias universidades del país, entre ellas, la Universidad del Rosario.
En el caso de la población venezolana, la clínica MHT ha atendido desde su creación y hasta el pasado abril a 235 mujeres venezolanas y a 129 niños, niñas y adolescentes en acceso a los servicios de salud principalmente en casos de cáncer, diabetes, insuficiencia renal, salud mental y necesidades especiales de aprendizaje. También atendió a 7 personas de la comunidad LGBITG+ en el acceso a la salud con enfoque diferencial a sus necesidades. De las mujeres que atendió la clínica, 61 estaban embarazadas, entre ellas, Guadalupe.
Orozco explica que una de las situaciones recurrentes a las que se enfrentan los estudiantes adscritos a la clínica es el desconocimiento tanto de los usuarios como de los funcionarios frente a los derechos de los migrantes. “A veces se ignora que la población venezolana tiene la atención garantizada en urgencias sin importar su estatus legal. O que a los dos meses de estancia en el país ya se puede solicitar, si se requiere, la condición de refugiado”.
Más de un millón
En los últimos años, Colombia ha sido testigo de una de las crisis migratorias más profundas y dramáticas que se recuerden en América Latina. De 23.573 venezolanos registrados en el país en 2014 se ha pasado a 1.742.927 en enero de 2021. De esa cantidad, 983.343 están en situación irregular (56,4%) y 759.584, en situación regular (43,5%), según datos de enero de 2021 de Migración Colombia. El incremento desmesurado en el flujo migratorio está atravesado por las condiciones sociopolíticas de Venezuela y la poca preparación de Colombia para acogerlos.
Y en materia de salud el déficit en la atención es elevado. Según un informe de la organización Profamilia, solo el 5% de los migrantes y refugiados venezolanos están adscritos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo cual complica su situación. Hay cinco asuntos que requieren la máxima atención, dice Profamilia: los casos de malaria, violencia de género, sífilis gestacional, morbilidad materna extrema y VIH/Sida.
Sin apenas referencia del país que los recibe, sin trabajo, con pocos recursos y asfixiados por la situación que cargan a cuestas, muchos migrantes venezolanos se embarcan en una carrera brutal por la subsistencia. Por eso, servicios como el que presta la clínica MHT resultan fundamentales. Y así lo cree Guadalupe. “Gracias a la clínica me atendieron, aunque ya mi embarazo estaba muy avanzado. Yo creo que mi hijo está vivo de milagro. La joven que llevó mi caso se movió muy rápido y logró un fallo a mi favor”, relata, y asegura que también logró el acceso a la educación para su hijo mayor.
Después de ganar aquella primera batalla el caso de Guadalupe está ahora en manos de Juliana Puertas, de 21 años, estudiante de Derecho de octavo semestre. Ella le ayuda a gestionar todo lo que tiene que ver con los documentos que le hacen falta para terminar de regularizar su situación y está pendiente de que no se vulneren sus derechos. El consultorio, además de ayudar a las personas migrantes, abre el camino para la formación de futuros profesionales sensibilizados con las necesidades de la población migrante o refugiada.
Puertas cuenta que la experiencia de pasar por la clínica le ha permitido llegar a la migración con una mirada más cercana. “Casi todo se vuelve personal. Tanto los casos, como los usuarios. Es muy devastador ver gente en la calle y no poder ayudar. Al menos de esta manera se puede hacer algo”, dice. Todavía no sabe si seguirá por esa senda del Derecho, pero no lo descarta.
Guadalupe ya no se imagina volviendo a Venezuela. Solo le duele que allá se quedó su madre y que todavía no tiene los recursos para traerla, aunque se imagina en un futuro con ella en Colombia. “Gracias al consultorio tengo todos los derechos como un ciudadano colombiano y también tengo deberes. Yo le he dicho muchas veces al papá de mi hijo que si por mi fuera yo no me regresaba más a mi país. Me quedé amañada aquí”, concluye.
*Se protege la identidad por solicitud de la fuente.
La Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, en Colombia, asesora a los migrantes venezolanos en temas legales y de acceso a la salud y a una vida digna.
Aborda directamente los determinantes intermedios y estructurales de la salud que afectan una de las poblaciones más marginalizadas, usando la educación y el sistema legal como plataforma para el cambio.
La asistencia jurídica directa, el entrenamiento, y las estrategias de comunicación que llegan a los migrantes y refugiados abordan el lado de la demanda de atención, mientras que la formación de los trabajadores de la salud y los estudiantes de derecho responde al lado de la oferta de la atención. Estas actividades de refuerzo, respaldadas por esfuerzos de promoción adicionales para mejorar las políticas y las leyes para apoyar los derechos de los migrantes y refugiados, comprenden una intervención integral que es única en el campo de la salud.
